Voces encontradas

Sin embargo, otros grupos y cooperativas dedicadas a la autogestión han tenido experiencias diferentes. Así lo cuenta el legislador porteño por el Bloque del Sur Sergio Molina: “Soy arquitecto y fui autor del proyecto de La Lechería en La Paternal, una cooperativa de vivienda que es anterior al del MTL. Se puede decir que el Movimiento tuvo canales más aceitados con el Instituto de Vivienda, que aceleró los trámites. La organización tuvo muchos beneficios para avanzar más rápido, por ser una agrupación piquetera fuerte. Ojo. A otras organizaciones les cuesta más”.
“Acá se trata de una cuestión de fuerza. El que puede presionar más y llenar la calle consigue el crédito. Nosotros tenemos un montón de obras paradas. Pero a otros les salen fácilmente”, se queja Roberto Correa Cabrera, del MOI, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos que trabaja para solucionar el déficit habitacional y constituyó varias cooperativas en la ciudad de Buenos Aires desde mediados de los 90. 1
“Cada grupo obtiene del Estado una serie de ventajas que son directamente proporcionales a la fuerza que es capaz de desplegar en la lucha por la apropiación de recursos sociales”, teoriza el sociólogo Emilio Tenti Fanfani en Cuesta abajo, una recopilación de artículos sobre los nuevos pobres y los efectos de la crisis en la sociedad argentina. 2
“Cualquier ciudadano que habita en la ciudad de Buenos Aires tiene derecho a pedir créditos de este tipo: No hay una situación de ventaja por ser un grupo piquetero. No se discrimina ni a favor ni en contra de ellos. Hubo otras agrupaciones que presentaron proyectos pero no fueron aprobados por no cumplir con todos los requisitos”, respondió Eduardo Selzer, ex titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad en el momento en que se gestionó la ayuda.3
Flanqueado en su escritorio por una foto del general Perón y Eva, su segunda mujer, Freidín apura un mate y se ríe a carcajadas cuando se le pregunta si la concesión del crédito está ligada a favoritismo político. “No. Claro que no. Yo fui de la Juventud Peronista y me resulta extraño entregar las primeras viviendas a un grupo del Partido Comunista. Pero el MTL tiene una gran capacidad de organización y de trabajo. No están captando demanda para convertirse en una especie de inmobiliaria de los pobres como hacen otras cooperativas”, contraataca el funcionario. A Freidín, prácticamente uno de las pocas personas que fuma impunemente en el edificio del Mercado del Plata, donde la prohibición de hacerlo está claramente especificada en cada piso, se le hace más complejo explicar los motivos por los cuales la de los desocupados liderados por Chile será la primera obra terminada en una operatoria que nació con una ley que tiene casi siete años (fue sancionada por la Legislatura Porteña el 20 de febrero de 2000). “En este programa tenemos 260 entidades inscriptas. Pero no son todas iguales. No tienen la misma capacidad de gestión, ni los mismos equipos técnicos. Pero la operatoria estuvo mal manejada desde el principio. Hubo mucha burocracia. Cuando asumí en mayo de 2006 había 60 terrenos comprados para cooperativas que ni siquiera tenían los proyectos terminados.” El detalle de las obras que exhibe Freidín muestra que están en ejecución 27 obras del plan de autogestión (749 viviendas), por un monto total de $ 30.425.852. La de Monteagudo, que generó la construcción de 326 viviendas, con un presupuesto de $ 18.252.273 es la de mayor envergadura ya que se lleva el 59 % del monto total que lleva gastado el Gobierno porteño en el Programa de autogestión.1 Según un informe de gestión del año 2006 hasta octubre a las viviendas ha construirse bajo el amparo de la ley 341 le habían correspondido el 15 % del presupuesto total para programas habitacionales del IVC.
Tanto en la Legislatura porteña como en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hay documentos que denuncian esas “desprolijidades”. En marzo de 2006 la legisladora de Frente de Compromiso para el Cambio Soledad Acuña se hizo eco de esta problemática. “A pesar de ser la ley 341 la única herramienta vigente para solucionar los problemas de vivienda de personas en estado de emergencia, gran cantidad de vecinos se han acercado para presentarnos sus problemas en el momento de solicitar el crédito y sin duda los mayores inconvenientes se dan en la aplicación de la ley para las organizaciones de vivienda colectivas, muchos de ellos manifestando el incumplimiento en tiempo y forma de la ley, como por ejemplo, los tiempos de tardanza en las tasaciones de las propiedades elegidas, lo que lleva a la frustración de la operatoria”. En su pedido de informes en el que solicita que el Instituto de Vivienda de la Ciudad detalle la cantidad de créditos otorgados dentro de la operatoria de autogestión y justifique los créditos denegados, Acuña esboza un diagnóstico: “La ley es el único instrumento para solucionar los problemas más serios de vivienda de los habitantes de la ciudad, pero si no tiene la dinámica necesaria no tenemos la solución a problemas sino un trámite que nunca se puede concluir”. 1
En junio del mismo año el legislador de Recrear Marcelo Meis se interesó por un caso concreto, el de la cooperativa de vivienda “Trabajo y lucha de Barracas”, a quien se le denegó un pedido de crédito hipotecario el 7 de marzo de 2006 y se le comunicó que “no se recepcionan más pedidos dentro de la operatoria de ley 341”.1 Por su parte el legislador Sergio Molina del Bloque del Sur denunció la parálisis de la operatoria: “Actualmente la operatoria se encuentra sistemáticamente bloqueada en todas sus instancias. Toda esta situación atenta contra el derecho al acceso a una vivienda digna de más de siete mil familias organizadas en Cooperativas, que se encuentran en situación de Emergencia Habitacional. Suman aproximadamente 800 viviendas en ejecución de obra, representando la modalidad de mayor cantidad de unidades habitacionales en construcción de todos los programas de políticas públicas habitacionales en la Ciudad”. 2
La Defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires también se ocupó del tema. El 17 de mayo de 2006, teniendo en cuenta 116 expedientes de queja iniciados entre 2002 y 2006 el órgano de control conducido por Alicia Pierini dio a conocer un informe en el cual denunciaba que los trámites del Plan de Autogestión de Viviendas llevaban más tiempo del reglamentario.
El documento detalla que si bien la ley 341 establece en su artículo 11 que los plazos de cada etapa del procedimiento para obtener un crédito deben ser fijados por la reglamentación que haga la Comisión Municipal de la Vivienda de dicha ley, en conjunto el trámite no puede exceder los 90 días. Pero la reglamentación (que se realizó por acta del directorio de la Comisión con fecha 24 de junio de 2003) no fija plazos máximos para cada una de las etapas pero sí stipula que la conformidad del vendedor del inmueble y la reservas de precio de venta de la unidad que se presente no podrá ser inferior a 60 días, de lo que se deduce que ese debería ser el plazo máximo para la resolución de los expedientes. “Sin embargo, la gestión de la operatoria evidenció demoras en la tramitación de los expedientes que oscilan entre los seis y los quince meses. Estas demoras, imputables a la administración motivaron en muchos casos la pérdida de los montos abonados en concepto de seña, el retiro de la oferta de venta del bien y la frustración de la operación inmobiliaria”, asegura el documento que recomienda respetar el plazo fijado por ley de tres meses para el otorgamiento o la denegación de los créditos. 1
Decidido a que ninguna otra cooperativa encuentre un obstáculo para realizar sus planes en la idoneidad de los profesionales que firman los planos, en diciembre de 2006 el Instituto de la Vivienda de la Ciudad modificó la operatoria y dispuso que en adelante será el mismo Estado y no las entidades quienes paguen a los equipos técnicos.
“El Programa de autogestión de viviendas no se detiene. En noviembre compramos dos terrenos, y estamos por adquirir 11 más para diversas cooperativas. También vamos a firmar 13 convenios de finalización de obras para adecuar los precios que cambiaron bastante, porque hay entidades a las que no les alcanza la plata del crédito para terminar las obras. Lo bueno es que desde 2006 trabajamos dentro del Plan Federal de Viviendas” cuenta Freidín. Pero el futuro no es un tema que le preocupe a la cooperativa Emetele ya que en el patio de Monteagudo donde se realizan las asambleas lograron un aval del gobierno porteño para iniciar una segunda etapa para el complejo en un terreno cercano que consistirá en otras 180 viviendas. Pero esta vez quien le pondrá la firma al proyecto no será un integrante de un estudio destacado en grandes emprendimientos comerciales como el caso de Pfeifer, sino Fermín Estrella, un arquitecto porteño que trabajó en el tema de vivienda social desde mediados de los 60. “Estrella fue uno de los pensadores de la arquitectura popular. Allá por el final de los 60, y los 70, dentro de lo que fue la renovación de la Juventud peronista él empezó a acompañar los movimientos populares con proyectos de vivienda social. Que vuelva a insertarse en un programa de autogestión actual de la mano del MTL, es de algún modo unir las dos puntas. Hace tiempo que vengo hablando con Jaime Sorín, el decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA para recuperar algunas de las ideas que se manejaban hace 40 años”, se entusiasma Freidín.